La falsificación masiva de firmas no es solo un acto de mala fe de los partidos, sino un fraude facilitado paradójicamente por un sistema concebido para la verificación: el sistema de consultas en línea del RENIEC[cite: 87, 197].

La investigación de analistas (Villena, 2025) argumenta que el problema estructural subyacente es que el propio sistema de consultas del RENIEC se ha convertido en un “mercado de datos”[cite: 198].

Este sistema permite el acceso masivo y poco controlado a datos personales sensibles de los ciudadanos, incluyendo la firma gráfica registrada[cite: 88, 198].

Aunque existen requisitos para acceder a estos datos, se argumenta que estos:

• No exigen un interés legítimo claro[cite: 90].
• Carecen de un sistema de auditoría robusto para identificar usos indebidos[cite: 90].

La facilidad para obtener la firma gráfica ha sido un facilitador clave para las “fábricas de firmas”[cite: 86, 199]. En lugar de un complejo proceso de falsificación, los defraudadores pueden simplemente acceder y copiar la rúbrica del ciudadano en las fichas de afiliación[cite: 89].

El escándalo es, por tanto, una consecuencia directa de un sistema estatal que expone y permite la utilización de los datos personales sin un consentimiento informado ni controles efectivos[cite: 199, 200].

Esto demuestra que una solución efectiva no solo debe autenticar al firmante, sino también proteger la integridad de los datos subyacentes, justificando la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza[cite: 201].